HUNGRÍA REFORMA SU LEGISLACIÓN PARA CRIMINALIZAR LA AYUDA A MIGRANTES

Madrid, 21 de junio de 2018

El Parlamento húngaro aprobó ayer la llamada ley Stop Soros, puesta sobre la mesa por el gobierno xenófobo de Viktor Orbán, y que castiga con penas de hasta un año de cárcel a las personas que ayuden a los migrantes en situación irregular, aunque solamente les ofrezcan asesoramiento legal. Este nuevo proyecto, que forma parte de la ofensiva del primer ministro húngaro contra la inmigración, incluye también una reforma constitucional que prohíbe el mecanismo de la reubicación de migrantes, y ha sido recibido por ONG y opositores al Ejecutivo de Orbán con indignación y preocupación.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (FOTO: Twitter) 

La ley Stop Soros, que recibe su nombre por el filántropo y magnate húngaro George Soros, uno de los principales enemigos de Orbán, fue aprobado con una amplísima mayoría, con 168 votos a favor y 18 en contra. Se trata de una legislación muy restrictiva, que prohíbe las ayudas a los migrantes irregulares hasta un extremo nunca visto. Si una persona explicase a un migrante los derechos que tiene y los pasos que dar para solicitar asilo en Hungría, podría exponerse a penas de hasta un año de cárcel, una restricción que también afectaría a las asociaciones filantrópicas.

Esta legislación ya había sido adelantada por Orbán tras ganar las elecciones parlamentarias del mes de abril, y ha intentado ser detenida en vano por el Consejo de Europa, cuyo órgano consultivo, la Comisión de Venecia, pidió hace tres días al Gobierno húngaro que no realizase la votación a la espera de sus observaciones al respecto. El primer ministro húngaro decidió eliminar uno de los aspectos más polémicos de esta ley, el impuesto del 25% a las ONG que reciben financiación extranjera, pero no ha decidido detener esta reforma, que finalmente se ha aprobado.

Las cuotas de recepción de migrantes, inconstitucionales

Además de la aprobación de la ley Stop Soros, el Parlamento húngaro dio ayer luz verde a la modificación de su Constitución para prohibir las cuotas de recepción de migrantes que el Consejo Europeo puso en marcha en 2016 por el procedimiento de la reubicación, que busca descargar la presión sobre los países que más migrantes reciben. Orbán ya intentó eliminar estas cuotas en un referéndum celebrado en 2016, en el que el 98,36% de los votantes se opusieron a ellas, a pesar de que Hungría ya había conseguido que no se le asignase ningún migrante. Sin embargo, el plebiscito no fue válido, ya que el nivel de participación no llegó al mínimo del 50%. Esta medida completa la voluntad del primer ministro húngaro de oponerse frontalmente a la política migratoria comunitaria.

La medida anunciada por el gobierno húngaro ha sido duramente contestada por algunas ONG. “Es un nuevo capítulo en el intento del gobierno para reducir a la nada la independencia de la sociedad civil y limitar el Estado de derecho” denunció Márta Pardavi, portavoz de la ONG Helsinki Committee, quien lamentó que esta nueva reforma vaya a impedir a estas organizaciones asistir a un demandante de asilo y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Para Pardavi, esta nueva ley está además en contra del derecho europeo e internacional. Por su parte, Orbán rechazó todas las acusaciones, defendiendo que su interés es proteger la tradición de la Europa cristiana más allá de mezclas.

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