BRUSELAS PRESIONA A LAS ADMINISTRACIONES DE ESPAÑA PARA PONER EN MARCHA LAS MEDIDAS DE MADRID CENTRAL

by Natalia Sabariego

Madrid, 26 de noviembre de 2018

La Comisión de peticiones del Parlamento Europeo se pondrá en contacto con el gobierno municipal, regional y estatal con el objetivo de recordarle su compromiso con la Unión Europea, para tomar cartas con la contaminación en Madrid, según comunicó la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre en una rueda de prensa posterior a la Junta del Gobierno.

Este compromiso tiene una prórroga de un año y medio y posee un dictamen negativo, según informó la concejala y portavoz del Ayuntamiento, quien aseguraba que el plan de Madrid Central no solo es problema del Ayuntamiento de Madrid, sino también de las demás Administraciones nacionales españolas.

Ines Habenés, miembro del equipo de Manuela Carmena, se ha trasladado al Parlamento Europeo en Bruselas, concretamente en la Comisión de peticiones, donde ha comunicado cuáles son las medidas del protocolo anticontaminación de Madrid Central para luchar contra la polución. El Comisariado de Bruselas realizará un seguimiento sobre cómo se desarrolla el plan, informaba Maestre.

Rita Maestre no informa sobre la anulación del protocolo anticontaminación

El Consistorio aprobó la suspensión del plan para restar la polución en la Junta del Gobierno, y la portavoz municipal no lo informó en la posterior rueda de prensa. Maestre, que dijo que no había acudido a la reunión de la Junta, junto con el resto del equipo remitirá una carta para aclarar la situación e informar debidamente a los medios.

Manuela Carmena calcula que enviar esta información y aprobar el protocolo tardará alrededor de diez días. Durante este tiempo se seguirá las medidas del anterior protocolo anticontaminación.

La Comunidad de Madrid denunció que Madrid Central es nulo. El Gobierno de Garrido sostenía que el Plan Anticontaminación es nulo de pleno derecho con respecto a la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. El principal problema, según afirma Garrido, es que afecta a las competencias autonómicas. El Ejecutivo de la Comunidad dio un mes a Carmena para que cambiase los efectos de las medidas y de no hacerlo acudirían a los Tribunales.

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