EL DELITO DE MALVERSACIÓN SE TAMBALEA POR EL DESACUERDO ENTRE LLARENA Y MONTORO

by Felipe Manchón Campillo

Madrid, 20 de abril de 2018

El complicado panorama judicial respecto del independentismo catalán podría complicarse próximamente, ante las serias dudas existentes sobre si se gastó o no dinero público en la organización del referéndum del 1 de octubre. Después de que el juez Pablo Llarena pidiese al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que aclarase sus declaraciones que descartaban que se hubiese producido delito de malversación en la organización de la consulta, el diario “Público” ha desvelado esta mañana un documento que acusa a un teniente coronel de la Guardia Civil de ocultar al juez datos que desmontarían la acusación de malversación.

Durante las últimas semanas, tanto Montoro como el presidente del Gobierno Mariano Rajoy han afirmado en público que la Generalitat no utilizó dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica para financiar el referéndum del 1 de octubre y todos los actos derivados de esta convocatoria. Esto desmentiría el delito de malversación que Llarena ha imputado a los políticos independentistas, tanto a los que están en la prisión como a los que están fuera de España, y que hoy, tras la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein que liberó a Carles Puigdemont hace dos semanas y rechazó extraditarle por el delito de rebelión, es el único delito por el que Puigdemont podría ser entregado a España para ser juzgado en el Supremo.

La situación puede empeorar para el juez Llarena, ya que, después de una semana en la que desde el Gobierno no ha apoyado su punto de vista sobre la malversación, el diario “Público” refleja en su edición de hoy una serie de documentos que demostrarían que el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena no habría reflejado en los informes enviados al Tribunal Supremo varios certificados del ministerio de Hacienda que probarían que no se empleó dinero público para la citada consulta. Estos informes fueron la base para que el juez Llarena dictase las euroórdenes de detención de políticos catalanes, aun sin haber consultado a la Intervención General de la Generalitat al respecto de la malversación.

Discrepancias entre el Gobierno y el Tribunal Supremo

Las declaraciones tanto de Cristóbal Montoro como del secretario de Estado para Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro defendiendo que no se empleó dinero del Fondo de Liquidez Autonómica ha provocado que el juez Pablo Llarena haya pedido a Montoro que le explique esas afirmaciones, que podrían desmentir la acusación de malversación. La acusación particular de Vox ha pedido la comparecencia de Montoro ante el juez, mientras que, desde Hacienda, han señalado que están a la disposición del tribunal para aclarar todas las dudas. Albert Rivera afirmó hace unos días que, si se demuestra que Montoro ha mentido respecto del delito de malversación, debería dimitir.

Por su parte, el tribunal alemán que deberá decidir respecto de la euroorden de detención de Carles Puigdemont, que sigue en Berlín a la espera de la decisión definitiva, ha pedido en los últimos días más información al Tribunal Supremo respecto de la supuesta malversación. El abogado chileno Gonzalo Boye, miembro del equipo de defensa de Puigdemont y de varios de los exconsejeros de la Generalitat, ha mostrado su convencimiento de que el tribunal alemán también rechazará el delito de malversación, y por tanto no pondrá en marcha la extradición del expresident, que quedaría libre en Alemania.

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