PUIG DESTITUYE DE TODOS SUS CARGOS AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, DETENIDO POR CORRUPCIÓN

by Nerea Dominguez

Madrid, 27 de junio de 2018

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha sido destituido esta tarde de todos sus cargos por el presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) Ximo Puig. Esta decisión llega después de que Rodríguez fuese detenido esta mañana junto a otras cinco personas en el marco de la Operación Alquería, acusado de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que se habrían producido en la contratación de personal de la empresa Divalterra.

Jorge Rodríguez ex presidente de la Generalitat Valenciana (FOTO: Twitter)

“La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP” declaró Ximo Puig, informando de que Rodríguez será destituido de la presidencia de la diputación y también de la portavocía del PSPV, y que su sucesor será Toni Gaspar, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Faura. La decisión deberá ser refrendada por la ejecutiva del PSPV.

Una supuesta contratación irregular de personal en la empresa pública de la Diputación

El arresto de Rodríguez, que ha motivado esta medida disciplinaria, se ha producido esta mañana por orden del juzgado de instrucción número 9 de Valencia, que investiga la contratación irregular de personal en altos cargos de Divalterra, la gran empresa pública de la Diputación de Valencia, que pudieron ser repartidos de manera arbitraria entre militantes del PSPV y de Compromís, alterando así la convocatoria pública de las plazas. Cada uno de estos altos cargos recibía un salario anual de 50.000 euros, gastos de desplazamiento aparte, lo que suponía un gasto para la empresa de más de 75.000 euros al año.

Además de Rodríguez, han sido detenidos el jefe de gabinete de la Diputación, Ricard Gallego, Xavier Simón y Agustina Brines, gerentes de Divalterra, Jorge Cuerda, el secretario del Consejo de Administración de la empresa, y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard. También se han realizado por orden del juez registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra, así como en varias viviendas particulares, entre ellas la de Jorge Rodríguez.

La denuncia de PP y Ciudadanos alertó de estas irregularidades

Este caso se encuentra abierto desde mayo de este año por una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, tras las declaraciones de un empleado de Divalterra. Sin embargo, la primera denuncia fue presentada por el PP y por Ciudadanos en abril, para investigar las presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección desde el año 2015. Los denunciantes acusaban a las personas detenidas hoy de delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, ocultación de información, malversación de fondos públicos y encargos sin presupuesto ni seguimiento posterior.

Precisamente ambas formaciones han pedido hoy explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha escrito en Twitter “En Valencia estamos hartos de la corrupción del PP… y del PSOE”, y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha pedido al presidente la misma tolerancia cero en este caso que ha aplicado con los casos de corrupción en la formación conservadora. Desde Podemos, Irene Montero ha sido menos dura, aunque ha instado al presidente del Gobierno a tomar decisiones al respecto para impedir que la sombra de la corrupción pueda afectar a su Ejecutivo.

Sánchez, por su parte, se ha remitido al código ético del PSOE que él introdujo durante su primera etapa como secretario general, y que obliga a los cargos públicos y orgánicos de la formación a dimitir en el momento en que se comunique la apertura de juicio oral debido a un procedimiento penal. Si no lo hace el propio imputado, el partido suspenderá automáticamente su militancia, y serán expulsados. La decisión de Puig viene a adelantar cualquier determinación que la Ejecutiva socialista pueda tomar en los próximos días, en virtud de la evolución del caso.

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