SÁNCHEZ PROHIBIRÁ LAS AMNISTÍAS FISCALES Y EXHUMARÁ PRÓXIMAMENTE A FRANCO

by Felipe Manchón Campillo

Madrid, 17 de julio de 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados la próxima puesta en marcha de una ley para prohibir que pueda volver a realizarse una amnistía fiscal como la aprobada por el Gobierno del PP en 2012, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En una sesión en la que ha expuesto su programa de gobierno, Sánchez ha detallado durante hora y media sus planes, entre los que están la anunciada exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que señaló que se producirá “en muy breve espacio de tiempo”, y el aumento de dos décimas de déficit para las Comunidades Autónomas en el marco del techo de gasto que se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros, y ha mostrado su deseo de “poner el reloj de la política a la hora de España”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (FOTO: Twitter)

La ley anunciada por el presidente del Gobierno, que persigue impedir que pueda repetirse una medida como la aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, incluirá también políticas como la persecución de los grandes defraudadores y la actualización de la lista de paraísos fiscales. “Un Estado de bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera. No habrá justicia social sin justicia fiscal” declaró Pedro Sánchez, quien también confirmó que, al contrario de lo que había anunciado en la oposición, el Gobierno no publicará la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal del PP. El presidente lo ha justificado señalando que la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 que declaró la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal se pronunció también sobre la irretroactividad de la misma, lo cual haría imposible la publicación de esta lista, apoyándose en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que proclama la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

También en materia fiscal e impositiva, Sánchez ha anunciado que el Gobierno no subirá los impuestos a los ciudadanos de a pie, y obligará a los grandes conglomerados empresariales a pagar más, rediseñando para ello el impuesto de sociedades, y obligando a que el tipo efectivo de las grandes corporaciones no sea inferior al 15%. Asimismo, el presidente del Gobierno ha hablado sobre la determinación del Gobierno de revisar a la baja los objetivos de déficit, y colocar esa cifra, que el anterior Ejecutivo colocó en un 2,2% para 2019, en un 2,7%. Sin embargo, ha anunciado que las cinco décimas adicionales de déficit se repartirán entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, con especial atención en las Comunidades Autónomas, que tendrán dos décimas más de déficit. Este plan, que será incluido en el proyecto de techo de gasto que el ministerio de Hacienda quiere aprobar esta semana, será refrendado por el Consejo de Política Social y Financiera el próximo jueves.

Un debate con protagonismo de las medidas económicas

En su comparecencia, el presidente del Gobierno explicó que la agenda de su Ejecutivo contará con cuatro pilares básicos, la consolidación del crecimiento económico y de la creación de empleo, en el que se encuadran los anuncios fiscales, la igualdad y la cohesión social, la regeneración de la democracia con especial atención a la resolución de la crisis en Cataluña, y la participación activa en la construcción europea. Las medidas económicas han copado el protagonismo de las reformas propuestas por el presidente, que ha recordado la reciente aprobación del compromiso entre sindicatos y patronal para aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 14.000 euros, y que ha anunciado futuros planes para combatir el fraude laboral y la economía sumergida, así como para adaptar las políticas de empleo tiene que adaptarse a la industria 4.0. “El mundo está cambiando a nuestro alrededor – ha declarado Pedro Sánchez – y los poderes públicos tienen que liderar ese cambio”.

Otra de las medidas propuestas por Pedro Sánchez es una gran reforma del Pacto de Toledo, para la que ha pedido la colaboración de los grupos parlamentarios, que sirva tanto para reforzar el sistema nacional de pensiones como para cambiar el modelo productivo, y primaba la contratación indefinida, así como el fortalecimiento de la Seguridad Social, de la que el presidente dijo que era necesario actuar para mejorarla. Sánchez ha justificado estas propuestas declarando “Queremos tener una mayoría lo más amplia posible. Ya no es una concesión del poder, es un derecho”.

Asimismo, dentro de este bloque, Sánchez se refirió a la reforma de la política de vivienda, y anunció su decisión de construir 20.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, y otras medidas como la elevación de la prórroga forzosa, el límite de las fianzas adicionales y el ajuste de los alquileres de temporada, poniendo especial énfasis en el alquiler y en el problema que los jóvenes tienen para acceder a una vivienda.

La salida de Franco del Valle de los Caídos, inminente

La decisión ya anunciada de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos se había ido enfriando con el paso de las semanas. Fuentes cercanas al Gobierno apuntaban a que aún no se había dado con la fórmula para conseguir la exhumación, y la ejecución definitiva del plan parecía cada vez menos inminente. Sin embargo, el presidente del Gobierno se ha reafirmado en los primeros compases de su intervención en esta exhumación, así como en la eliminación de los símbolos franquistas. “Ninguna democracia puede permitirse monumentos franquistas” señaló Sánchez, quien anunció que la decisión se producirá en un breve espacio de tiempo.

“Dialogar no es ceder, es hacer política”. Con estas palabras, Sánchez se refirió al plan que su Gobierno tiene para restaurar el diálogo con la Generalitat de Catalunya, que ya se ha materializado con la recuperación de las comisiones bilaterales que no se reunían desde 2011, y que ha sido muy criticado por los partidos de la oposición, especialmente por el PP y por Ciudadanos. Sin entrar demasiado en detalle en los siguientes pasos que el Ejecutivo dará en este sentido, el presidente del Gobierno ha apostado por recuperar la normalidad institucional como única forma de dar una solución política al problema catalán, y defendió la lucha contra la confrontación en este sentido.

Sánchez también habló sobre la participación de España en la construcción europea, y sobre la reciente reunión del Consejo Europeo, el tema que había motivado originalmente su comparecencia de ayer. El tema central en esta reunión, retomado por el presidente, fue el conflicto migratorio, en el que Sánchez reivindicó la recepción del Aquarius, y en el que prometió seguir luchando para lograr una legislación lo más fuerte posible. El líder socialista dedicó sus últimas palabras a la reivindicación de la Constitución, que en diciembre cumple 40 años, y al papel que las mujeres, mayoría en su gobierno, han ido ganando durante los últimos años en la política española.

Hernando y Rivera atacan duramente a Sánchez

El turno de réplica de los diferentes responsables políticos no fue agradable para Pedro Sánchez. Sin embargo, los más duros fueron Rafael Hernando, portavoz del PP, y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quienes, con argumentos compartidos y un tono excesivamente faltón, criticaron la alianza de partidos que llevó a Sánchez a La Moncloa, le llamaron sectario, y le acusaron de estar del lado de los terroristas de ETA, y no de las víctimas. Hernando comenzó hablando de la moción de censura como fraude político, y acusó a Sánchez de haber llegado al poder con una alianza de “comunistas convertidos en populistas bolivarianos, separatistas, antiguos amigos de ETA y el señor Urkullu del PNV”, y de ofrecer “votos por presos”.

Ione Belarra, Joan Tardà, Albert Rivera y Rafael Hernando, durante sus intervenciones (FOTO: Twitter)

El tono de Hernando, que acusó además a los socialistas de volver a derrochar el dinero público, fue tan inflamado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, tuvo que llamarle al orden. El portavoz del PP cargó contra todo, señalando que la idea de España como nación de naciones era “una aberración política y constitucional”, y acusando a Sánchez de haber perdido una oportunidad de oro de defender al rey frente a los ataques de los independentistas, de defender el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña, de colocarse del lado de los terroristas y dejar de lado a las víctimas, y de haber empezado como Zapatero. “Espero que no acabe como él, pero para eso es necesario que acabe pronto” sentenció el portavoz.

Rivera también empezó fuerte, tratando a Sánchez de “presidente temporal”, y acusarle de traer “poco futuro, mucha ideología, sectarismo, pero pocas propuestas”. Para el líder de Ciudadanos, que lideraba todas las encuestas antes de la moción, este es un Gobierno sin rumbo y sin mayoría parlamentaria, sin votos en las urnas, sin proyecto de país, y que parece un comité político para unas elecciones, y le exigió que convoque los comicios lo antes posible. “Es imposible que este Gobierno gobierne” declaró el presidente de la formación naranja.

Para Albert Rivera, Sánchez no será capaz de hacer ninguna reforma política de las que se ha planteado, ni en materia educativa, ni en materia sanitaria, ni tampoco en materia impositiva, y criticó algunas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo socialista, como la oposición a la gestación subrogada o la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas, algo que, para el líder naranja, implica la ruptura del consenso constitucional. Rivera finalizó exigiendo que se publicase la lista de la amnistía fiscal, y acusando veladamente a Sánchez de no haberlo hecho por algún nombre que figurase en ella.

Los socios de moción del Gobierno, entre la cautela y la desconfianza

Los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura tampoco fueron demasiado amables con el discurso del presidente, debatiéndose entre la cautela y la desconfianza. Unidos Podemos partió su discurso en cuatro partes, y fueron cuatro los representantes que hablaron. Ione Belarra exigió al Gobierno que cambie el rumbo de la política económica, y que vaya a Europa a negociar, no a claudicar, anunciando que Podemos no votaría a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 si el objetivo es hacer “retoques cosméticos”. Por su parte, Lucía Martín centró su intervención en dos temas, la crisis migratoria y la situación en Cataluña, solicitando al presidente Sánchez que ejerza otra política en los dos ámbitos, y que cumpla con lo dicho por el Tribunal Supremo, que instó a España a cubrir las cuotas de reubicación de migrantes.

En representación de Izquierda Unida, Alberto Garzón recordó las razones por las que Pedro Sánchez es hoy presidente, y pidió una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales del rey emérito Juan Carlos I. “No ha hecho ninguna referencia al escándalo del rey. Tiene que entender que lo que queremos es algo tan sencillo como la verdad” declaró Garzón. Antonio Gómez-Reino, de En Marea, centró su intervención en la reivindicación de la agenda gallega, pidió a Sánchez menos tecnocracia en Europa, e insistió en la petición de responsabilidades de Juan Carlos I.

El único que pareció estar conforme con lo dicho por Pedro Sánchez fue Aitor Esteban, portavoz del PNV, quien definió como positivas algunas de las decisiones anunciadas por el Ejecutivo, y pidió a Sánchez que se implique para impedir que la reforma electoral del Parlamento Europeo que podría hacer muy complicado que los nacionalistas tuviesen representación en la cámara. Esteban también solicitó al presidente del Gobierno que cumpla la legislación penitenciaria con todo lo que ello implica, y que acelere el acercamiento de presos “como han hecho todos los Gobiernos españoles”.

Tardà amenaza con la desobediencia y Campuzano habla de oportunidad

Desde los partidos independentistas catalanes, las palabras de Pedro Sánchez se vivieron con más o menos resquemor. Joan Tardà, representante de Esquerra Republicana, declaró que la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Carles Puigdemont por rebelión abre la posibilidad de que la fiscal general del Estado retire las acusaciones al respecto, y pidió al presidente que derogue la LOMCE, la ley mordaza y las reformas laborales, señalando que solamente apoyarán los Presupuestos Generales del Estado si estos desmontan el camino del PP. “No les votaremos si nos vuelven a engañar” llegó a afirmar el político catalán.

El punto más polémico de su declaración llegó cuando abrió la puerta a repetir la desobediencia si el Gobierno español no atiende a las reivindicaciones de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y si mantiene la política aplicada durante los últimos meses a este respecto. Para Tardà, no valen los mismos ingredientes utilizados anteriormente, y, si se vuelven a utilizar, se provocarán los mismos efectos.

Más templado, pero igualmente contundente, estuvo el diputado del PDeCat Carles Campuzano, quien, como Tardà, señaló que la fiscal general del Estado tiene hoy una oportunidad para retirar los cargos contra los independentistas. Para Campuzano, el conflicto entre Cataluña y España no podrá ser superado sin audacia ni coraje político, aunque valoró positivamente la reapertura de las comisiones bilaterales que vuelven a abrir las relaciones entre Gobierno y Generalitat. Campuzano anunció que solamente apoyarán a Sánchez si el diálogo bilateral genera resultados concretos, y si hay voluntad de abordar la cuestión de fondo de la situación catalana, y no quedarse en golpes de efecto.

Una comparecencia mes y medio después de la moción

Sánchez se presentó ayer ante la cámara 45 días después de ser elegido presidente del Gobierno mediante una moción de censura que expulsó inesperadamente a Mariano Rajoy del poder. Entonces, durante el debate, solamente esbozó algunos de los puntos que su futuro Gobierno quería emprender. El programa ya había sido desarrollado por los diferentes ministros en sus comparecencias de la semana pasada en las comisiones parlamentarias, pero fue anunciado ayer por el presidente del Gobierno, quien inicialmente comparecería para dar cuenta del Consejo de Europa celebrado a finales de junio, pero que finalmente ha añadido el desarrollo de su programa electoral en el orden del día.

Este debate ha sido lo más parecido a los debates sobre el estado de la nación que solían celebrarse a estas alturas del año, pero que no se celebran desde 2016 por diferentes razones. Las próximas semanas serán fundamentales para seguir la ejecución de los planes del Gobierno, y para descubrir qué medidas llegan antes, así como para saber si la voluntad de Pedro Sánchez de agotar la legislatura es posible.

 

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