LA FISCALÍA SE DESMARCA DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y ACUSA POR REBELIÓN A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS

by Nerea San Miguel

 

LA FISCALÍA SE DESMARCA DE LA ABOGACÍA DEL

ESTADO Y ACUSA POR REBELIÓN A LOS LÍDERES

INDEPENDENTISTAS

Los juzgados por el 'procés', Los 'jordis', Oriol Junqueras y Carme Forcadell (Foto: Twitter)

Madrid, 2 de noviembre de 2018

La Fiscalía se ha desmarcado de la Abogacía del Estado y ha decidido, finalmente, acusar por rebelión y no solo por sedición, a los líderes independentistas. Así, ha solicitado 25 años de prisión para el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por los delitos cometidos el 1 de octubre del año pasado, justo en el día que cumple un año en prisión provisional. El resto de condenas contra los responsables del ‘procés’ oscilan entre los 7 y 17 años de cárcel, siendo 17 años para Carme Forcadell y los ‘Jordis’, 11 para Trapero, y 16 para los exconsellers, y que se han presentado este viernes ante el Tribunal Supremo para que los juzgue en los próximos meses. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al igual que otros ex consejeros que han huido del país han logrado eludir las órdenes de detención del juez Llarena, y no serán de momento condenados.

El Ministerio público ha dado ha conocer su escrito provisional de acusación, detallando los hechos y delitos de los que se le acusa al exvicepresidente y presidente de ERC, que se enfrenta a la pena de prisión más alta de entre todos los acusados, pues los fiscales lo han considerado jefe o promotor del procés y de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, acusándolo así por delito de rebelión y por malversación de caudales públicos, que podría llevarle a cumplir 25 años de cárcel.

Las siguientes penas más altas que ha solicitado la Fiscalía son para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez y el líder de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, que se enfrentan a una pena de 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, al ser considerados también promotores o jefes del proceso independentista. 

16 años  de condena pide la Fiscalía para los ex consejeros que se encuentran también en prisión provisional, como Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, que han sido acusados de rebelión pero en consecuencia a la malversación. Ademas de la pena de prision, tambien se enfrentan a 16 años de inhabilitación absoluta.

En otro nivel se ha juzgado a tres antiguos integrantes del Govern de Puigdemont. Los exconsellers Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila han sido juzgados no por rebelión, ya que no se les ha considerado promotores de ella, pero si por delito de malversación y otro de continuada desobediencia grave, ya que no cumplieron las resoluciones del Tribunal Constitucional y declararon la independencia a sabiendas de la ilegalidad del proceso. Por ello, se enfrentarán a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En el banquillo de los acusados se sentarán también aquellos que dieron vía libre a la tramitación de las leyes de desconexión y al referéndum ilegal en el que se declaró unilateralmente la independencia catalana. Para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, miembros de la antigua Mesa del Parlament, la Fiscalía ha pedido la pena más baja, 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público solo por considerar delito la desobediencia, al no cumplir las prohibiciones del Constitucional. De la misma manera será juzgada Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, que deberá pagar, al igual que el resto de miembros, una multa de 300.000 euros.

Los Mossos d’Escuadra serán juzgados por la Audiencia Nacional

Mediante un proceso paralelo al del Tribunal Supremo se juzgará a los principales mandos y jefes políticos de los Mossos d’Esquadra. La Audiencia Nacional será la encargada de valorar los delitos por los sucesos acontecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.

A Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra en aquel momento, se le atribuye un delito de rebelión, y se le considera la cabeza de los hechos, a diferencia de los delitos de sedición y de organización criminal por los que había sido procesado, por orden de la juez Carmen Lamela. De esta manera, el fiscal ha pedido 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta para él y para el exsecretario general de la Conserjería de Interior catalana, César Puig, y el exdirector de los Mossoss, Pere Soler, a los que ha considerado “mandos subalternos” de la rebelión y ha considerado responsables de los incidentes que acontecieron durante la celebración del referéndum ilegal.

Por delito de sedición si que será juzgada la independiente de la policía autonómica, Teresa Laplana, la última procesada en la Audiencia Nacional, y para la que el fiscal ha solicitado 4 años de prisión por los hechos que ocurrieron la noche entre el 20 y 21 de septiembre y 5 años de inhabilitación especial para el empleo en los Mossos d’Esquadra.

Puigdemont y otros 6 huidos todavía sin juzgar

Sin embargo, no todos los procesados por el ‘procés’ independentista en Cataluña se encuentran en los escritos provisionales que ha hecho públicos la Fiscalía, y es que siete de ellos consiguieron huir de España y evitar las órdenes de detención que dispuso el juez Llarena. 

El expresidente del Govern, Carles Puigdemont, máximo responsable de la declaración independentista se encuentra desde hace un año bajo el proteccionismo del Estado Belga, al igual que los ex consejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís puig y Meritxell Serret.

El expresidente del Govern, Carles Puigdmeont (Foto: Twitter)

Por otro lado, la dirigente de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel consiguieron huir también del país unos meses después que los anteriores, al ser citadas por el instructor del Supremo por su presunta participación en el ‘procés’.

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