TODOS CONTRA LA LOMCE

by Infoactualidad

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YOLANDA MARTÍNEZ 

Con el tradicional seguimiento dispar, según convocantes o Administración (Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas) la huelga convocada para hoy ha sido secundada por un 85% del alumnado y el 65% de profesores o bien ha tenido una incidencia mínima. Divergencia de opiniones, lógica, dado que las posturas sobre la LOMCE, que es la génesis del problema, son antagónicas.

Las manifestaciones han tenido lugar en 50 ciudades españolas, y nuevamente la horquilla de seguimiento va desde los 10.000/100000 asistentes según el Sindicato de Estudiantes a los 1.000 de la Delegación del Gobierno en Madrid. Precisamente en la capital de España se ha producido el colofón de la huelga, la marcha convocada en la fuente de Neptuno, y que ha registrado la presencia de varios miles de personas que se manifestaban por la derogación de la LOMCE, el decreto 3+2 y la reversión de los recortes en Educación.

“No hay razones objetivas en estos momentos para una huelga de estas características y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo”, ha afirmado el Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso de los Diputados. A pesar de que la atención de los medios de comunicación se haya polarizado en los grandes campus universitarios, la huelga ha afectado a todos los niveles del sistema educativo. De hecho los convocantes la han denominado “Huelga General Educativa”. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública,  reclama un "pacto social" por la Educación.

La jornada contra la política educativa del Gobierno del PP ha tenido lugar cuando hace escasas fechas, ha comenzado su trabajo la subcomisión por el pacto educativo, en el Congreso de los Diputados. Tal circunstancia evidencia la escasa expectativa del sector educativo al discurso del ministro Méndez de Vigo.

Jean Pierre Gutierrez. Manifestantes en la Puerta de Sol, Madrid. 

Una Ley con pasado y ¿Sin futuro?  

FELIPE MANCHON

El ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo tiene que gestionar una huelga convocada contra la política de su antecesor, el polémico ministro José Ignacio Wert. La LOMCE ha conseguido unir a todas las instancias educativas contra unas políticas que rechazan. En cuanto a Wert, que dejó de ser ministro tras sacar adelante la ley contra todo y todos, vive en París su sucesor se enfrenta con la LOMCE nuestra de cada día.

Es necesario remontarse a 2012 para trazar el rumbo de la política educativa del Gobierno, puesto que fue en este año cuando se desarrolló el grueso de las medidas al respecto. Mariano Rajoy había asegurado en campaña que “iba a meterle la tijera a todo menos a la educación y a la sanidad”, pero pronto se demostraría que esto no iba a ser así. La primera medida de calado aprobada por el ministerio de Educación, al cargo del sociólogo José Ignacio Wert, fue el recorte de 3.700 millones anunciado por el ministro en marzo de 2012, y que se justificó por la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit que la Unión Europea exigía a España, y por la difícil situación económica general del país. Era necesario cuadrar las cuentas, y por ello, el Gobierno decidió incumplir su propia palabra y meter la tijera en educación.

Esto se tradujo en una movilización sin precedentes que fue casi inmediata. Apenas unos días después de que Wert anunciase en sede parlamentaria su decisión, el sector de la educación se echó a la calle para protestar por la medida. Los cinco sindicatos educativos, CCOO, ANPE, CSIF, STES y UGT, convocaron manifestaciones que se extendieron por toda la geografía nacional, que fueron unánimes, y en las que quedó claro el descontento reinante en todos los niveles de la educación ante el clima político que se avecinaba.

A la oposición a los planes educativos y muy especialmente al ministro Wert se sumó posteriormente la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que decidieron no reunirse con el responsable de Educación ante su posición inamovible respecto de sus políticas. El ministerio rizó aún más el rizo poco después al proponer una importante subida en las tasas universitarias, obligando a los alumnos a pagar hasta 540 euros más al año por matrícula, y que era especialmente dura para los “repetidores”, que podrían llegar a abonar mucho más dinero si agotaban convocatoria.

El caluroso mes de julio trajo una nueva vuelta de tuerca, la decisión del ministro de eliminar la Selectividad y recuperar las reválidas, es decir, exámenes que los alumnos necesitaban aprobar para continuar adelante, y que se producirían al final de cada nivel educativo. Éste era uno de los elementos cruciales que configurarían la ley al respecto que el ministerio llevaba meses preparando.

Ésta era por tanto la situación en 2013. Por un lado, un ministerio de Educación decidido a aprobar su ley, aunque fuera impopular y no tuviera apoyos reales fuera del Gobierno y el Congreso de los Diputados. Por otro, una creciente oposición que ya no solamente abarcaba a los estudiantes, sino que había implicado ya a rectores, padres e incluso miembros de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP, que no aceptaban el rumbo marcado por el Ejecutivo en el marco de la educación.

Esta opinión en contra se hacía visible con manifestaciones cíclicas y con la configuración de un grupo muy heterogéneo pero cada vez más fuerte: la llamada “marea verde”, que defendía una educación pública, gratuita y de calidad. A cada plan que anunciaba Wert, la oposición aumentaba. Una de ellas fue la reforma de las becas universitarias, fundamentales para que los alumnos sin recursos puedan estudiar, y que el ministro propuso que se concedieran únicamente a los estudiantes cuya nota media fuera 6,5.

Y finalmente el proyecto de ley llegó al Congreso. La cómoda mayoría absoluta de la que disfrutaba el Partido Popular hacía de la votación un mero trámite. Sin embargo, la oposición en pleno, con la única excepción de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que se abstuvo, votaron a favor del anteproyecto, que finalmente fue aprobado. La LOMCE ya era una realidad. En su exposición de motivos para la aprobación de la ley, Wert echó mano de los datos de abandono escolar, que era muy superior a la media europea, y de otros indicadores de supuesto fracaso en el sistema educativo para señalar que era necesaria una profunda reforma de la educación española, porque ésta no funcionaba.

Un análisis en profundidad de la LOMCE, que se convirtió en el momento de su aprobación en la séptima ley educativa en la historia de la democracia, permite afirmar que no se producen grandes cambios en la configuración general del sistema escolar. Las principales protestas, además de las referidas a las medidas que el Gobierno había ido adelantando, se refirieron al cambio de consideración de las lenguas cooficiales del Estado, que pasaron de ser troncales a optativas, eliminándose así su importancia en el currículum educativo del alumno. Las asociaciones de padres y alumnos, por su parte, afirmaron que esta ley consagraba los recortes en educación y que establecía una educación para ricos y otra para pobres.

Tras la aprobación de la ley, empezaron los recursos. Las comunidades autónomas que no estaban gobernadas por el PP, es decir, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, presentaron recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que la LOMCE vulneraba algunos preceptos de la Carta Magna, y que por tanto no era legal. Sin embargo, ésta se implantó, y sus efectos empezaron a notarse, con las consiguientes protestas en todos los ámbitos.

La siguiente fecha de importancia en la cronología del divorcio entre el Gobierno y la comunidad educativa es el 3 de febrero de 2015. Ese día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un decreto que pasaría a ser conocido como “3+2”. Lo que permitía esta nueva disposición era que la duración de los grados se redujera aún más, y que la nueva combinación fuera de 3 años de grado y 2 de máster. Esta posibilidad, que ya pudo haberse aplicado cuando se aprobó el plan Bolonia, fue muy criticada por la oposición a los planes educativos del Gobierno, al considerar que no todas las familias podrían pagar los masters.

En las sucesivas encuestas de opinión sobre la labor del Gobierno, el ministro José Ignacio Wert aparecía siempre como el miembro del Ejecutivo menos valorado. La oposición se ensañó con él, y se registraron en el Congreso hasta dos peticiones de reprobación de su tarea que no salieron adelante  por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados. Pero su estrella se acabaría. Por sorpresa, y con un sencillo decreto, se anunció el 25 de junio de 2015 que José Ignacio Wert cesaba como ministro de Educación y que su sucesor sería el secretario de Estado para la Unión Europea Íñigo Méndez de Vigo.

El talante del nuevo ministro era muy diferente al de Wert, parecía dispuesto a negociar, y tal vez por eso le nombró Rajoy. Las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo de 2015 provocaron una importante pérdida del poder territorial del PP, y por ello, pese a conservar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el nuevo ministro mostró su voluntad de negociar algunos aspectos polémicos de la ley, como por ejemplo el de las reválidas, con los nuevos gobiernos autonómicos. Tres años después, el Gobierno parecía abrir una vía de entendimiento con la oposición a sus planes educativos.

El curso en el que se empezaría a aplicar la LOMCE se acercaba, y por ello la oposición trabajaba contrarreloj para cambiar la situación. En octubre de 2016, después de que los gobiernos autonómicos exigieran que la aplicación de la reválida quedara en suspenso, se produjeron nuevas protestas concurridas para presionar al Gobierno, entonces aún en funciones, para que dejase caer algunas de sus políticas. La presión pareció tener éxito cuando Mariano Rajoy anunció en el debate de investidura de octubre de 2016 que eliminaba las reválidas. Esta decisión, que parecía más una concesión a la oposición para intentar conseguir la investidura, supuso una importante censura a José Ignacio Wert por parte del Gobierno, y podía convertirse en el primer paso para una nueva era.

Una nueva era de entendimiento en la legislatura del diálogo, como ha insistido en numerosas ocasiones el ministro Méndez de Vigo, que afronta un nuevo reto con la huelga de hoy. El PP está obligado a negociar ante la pérdida de la mayoría absoluta, y por ello le será mucho más difícil aplicar planes unilaterales al respecto. La oposición a la LOMCE ha querido volver a enseñar músculo con las movilizaciones de hoy, y ha dejado claro que no aceptará cualquier cosa. El Gobierno ha insistido una vez más en la necesidad de realizar un pacto educativo que implique a todas las partes, pero no se sabe qué pasará tras la huelga. Una nueva etapa en el sempiterno conflicto educativo español puede haberse abierto en el día de hoy.

Pasacampus pacífico con alma reivindicativa en la UCM

JESSICA BAIDEZ  

En clave complutense, la jornada de huelga tuvo un protagonista: el pasacampus de la UCM, liderado por el Frente de Estudiantes y la asociación feminista Olimpyas. A las 10:30h tuvo su punto de partida en la Facultad de Geografía e Historia, aunque no comenzó hasta las 10:45h. A primera hora de la mañana, varios grupos de estudiantes formaron un piquete en la entrada de la facultad que impedía a docentes y estudiantes acudir a las aulas. Un miembro del Frente de Estudiantes indicó que este movimiento secunda la huelga y el pasacampus, aunque que no los piquetes.

“La manifestación está siendo pacifica teniendo en cuenta el gran número de asistentes y en comparación con otros años”, aseguró una profesora que se encontraba impartiendo un curso de apoyo de lengua castellana a alumnos extranjeros en la biblioteca de la facultad de Filología, después de que tuvieran que abandonar el edificio al saltar la alarma.

_DSC5329.jpgAlfonso Garrido. Miembro de uno de los grupos que secunda la huelga en el campus de Moncloa de la UCM. 

En la parte posterior de la facultad de Filosofía se congregó un grupo de manifestantes que dificultaba el paso al interior. Según el testimonio de un alumno, profesores y estudiantes no pudieron acceder ni al interior de la Facultad ni a la cafetería hasta las 12 de la mañana.

El pasacampus recorrió las facultades de Derecho, Química, Física y Biología en la que se impidió la realización de una práctica obligatoria.

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se sumaron a los integrantes del “pasacampus complutense” y la manifestación conjunta llego a la estatua de los portadores de las antorcha para unirse al grupo sindical de Comisiones Obreras (CCOO) que leyó un comunicado en el que se explicaba la causa de la convocatoria de la manifestación y posteriormente habló un grupo de feministas que propuso efectuar una manifestación frente al Rectorado. Los integrantes del frente de estudiantes y el grupo Olympia que formaban parte de la manifestación se unieron con los miembros de la Asamblea de Trabajo Social y estudiantes de Turismo y Comercio, quienes ya se encontraban previamente en el Rectorado.

El grueso del pasacampus se desplazó hasta el Rectorado de la UCM, donde un grupo de alumnos se encerró el día anterior. Los manifestantes encendieron una bomba de humo rojo frente al Rectorado en señal de protesta.

Presencia policial en la Autónoma

Piquetes informativos en la estación de Renfe a primera hora de la mañana y bloqueos de acceso en las puertas de la facultad de Ciencias de la universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Un colectivo formado por las distintas asambleas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se aglutinó esta mañana para realizar un pasacampus reivindicativo por las distintas facultades exclamando consigna e irrumpiendo en las aulas ocupadas por alumnos, sin que se produjera ninguna acción violenta.

HUELGA 0002.jpgJorge García. La huelga ha tenido un seguimiento mayoritario entre los alumnos, pese a ello también ha habido muchos que han optado por ir a clase.

A través de la línea C8 de Renfe se podía acceder al campus universitario con normalidad, pese a que un grupo de manifestantes se encontraban en las inmediaciones para hacer visible la convocatoria. Un escenario distinto al de la Facultad de Ciencias donde dos piquetes dificultaban su entrada, un manifestante presente aseguró que los cuerpos de seguridad se habían presentado a las 05:00 am logrando impedir que se bloqueará los accesos al campus.

Mayor presencia en las Aulas y reivindicaciones del pasacampus en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad, donde se imparten los estudios de ingeniería. El colectivo formado por aproximadamente 60 personas logro irrumpir en varias aulas y paralizar un examen.

La protesta se disolvió en el rectorado de esta casa de estudios, con sede en C/ Einstein, 3 y con la intención de entablar conversación con el Rector, José María Sanz Martínez, quien no se manifestó.

Colectivos de trabajadores se suman a la huelga estudiantil en la Puerta del Sol

Una protesta pacífica formada por padres, profesores y alumnos, ha recorrido desde la Estación de Atocha hasta la Puerta de Sol para exigir la derogación de la LOMCE y reclamar una educación pública y de calidad.

Bajo el lema “¡OBREROS Y ESTUDIANTES, UNIDOS Y ADELANTE!”, a la manifestación se han sumado trabajadores de Coca-Cola, que no sólo han defendido la necesidad de una reforma educativa sino que también han querido “seguir denunciando que Coca-Cola ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales, pues hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que dictaminaba que teníamos que ser incorporados en nuestros puestos de trabajo y, en plena fase de ejecución con auto se ha modificado la sentencia”, como asegura el presidente del Comité de Empresa Fuenlabrada Coca-Cola Lucha, Juan Carlos Asenjo.

La marcha, que se ha resuelto sin incidentes e intervención policial, ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte del Sindicato de Estudiantes, que asegura que “Madrid será la tumba del fascismo”.

Jean Pierre Gutierrez. Manifestantes desplazándose por calle Atocha

Voces en contra y a favor de la Huelga

IRENE MONMENÉU

“Aunque el derecho de huelga es un derecho constitucional que respeto, no hay razones objetivas para una huelga de estas características y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo", ha señalado el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, añadiendo además que esta respuesta "demuestra que se están haciendo las cosas bien". Ésta es la actitud del Gobierno frente una huelga que, según Marea Verde, ha secundado un 65% de los trabajadores de la enseñanza en España y un 85% del cuerpo estudiantil.

La situación de la educación pública es, para el Sindicato de Estudiantes, “realmente catastrófica, de emergencia social. Y la única razón son los recortes, los ataques y las leyes franquistas del Partido Popular”. “Vamos a echar atrás la LOMCE, igual que hicimos con las reválidas. Dice el Ministro que no se puede derogar la LOMCE, pero decían lo mismo de las reválidas”, asegura Ana García, presidenta de la organización, que reprocha: "mientras nos hablan de consenso, prometen recortes a Bruselas". Presidido por Tohil Delgado, el Sindicato garantiza que las huelgas estudiantiles han marcado un antes y un después. Un total de 24 huelgas generales ha servido para demostrar que sí se pueden alcanzar victorias sociales. “¡Este verano el gobierno aprobó un decreto de reválidas y este año no habrá reválidas gracias a nuestra lucha!”, coreaban los manifestantes.

El consejero insular Antonio Hernández Lobo ha señalado que esta Huelga General Educativa “es un sinsentido cuando ya hay una comisión  plural de Educación que está trabajando por llegar a un pacto educativo”. Desde el Sindicato reivindican que nunca podrán aceptar el modelo que propone el Gobierno: “le pueden llamar pacto educativo o como les dé la gana, pero que lo que encierran esas palabras son sus mismos planes, los mismos que han tenido y que han llevado a la práctica en los últimos años. Y nosotros queremos lo contrario: ¿un pacto educativo? claro que sí. Pero un pacto educativo que recoja las reivindicaciones de la Marea Verde que, por cierto, ellos conocen perfectamente, pues llevamos cinco años en la calle pidiendo que se derogue la LOMCE, que se derogue el 3+2, que se devuelvan los más de nueve mil millones de euros robados a la educación pública, que vuelvan los docentes despedidos, que son más de treinta mil, que se readmita a los más de cien mil estudiantes expulsados de la Universidad por no poder permitirse el lujo… y todo lo que sea salirse de ahí, cualquier acuerdo, cualquier pacto que no recoja esas reivindicaciones va a encontrar con nuestra oposición”, asegura Ana García.

La Huelga General Educativa pretende lograr como fin último una educación pública y de calidad, para lo que se necesita una reducción de tasas y precios universitarios y un incremento de becas y ayudas al estudio. A ella se han sumado las Kellys, la asociación de limpiadoras de Madrid: "Estamos con la educación pública. No podemos pagar las tasas de la universidad a nuestros hijos con los sueldos de mierda que nos pagan. Nos llena de orgullo ver a los jóvenes hoy aquí y estar a cargo de su revolución y su organización porque queremos una educación pública y de calidad ¡Arriba la lucha obrera!", ha manifestado su portavoz.

Según el Ministerio de Educación no se puede paralizar la ley vigente porque antes “debe haber otra, ya que esa situación dejaría en la cuneta educativa a 8,1 millones de alumnos y 680.000 profesores”. Para Méndez de Vigo “no existe una situación que exija una huelga” y anuncia que en los próximos Presupuestos, si se aprueban, habrá un récord histórico en becas. Por este motivo PP y Ciudadanos rechazaron la convocatoria de huelga, “que coincide con el inicio del proceso de diálogo para el acuerdo”. La respuesta desde el Sindicato de Estudiantes llega en forma de reclamación: “Nos dicen que nos tenemos que conformar, que tenemos que ser carne de explotación, que nuestro destino son los contratos basura, los contratos precarios, el desempleo, los salarios miserables, pero nosotros decimos que no, que ese no será nuestro futuro, que no lo aceptamos bajo ningún concepto. Que nuestro futuro estará marcado si luchamos por cambiar nuestras condiciones de estudio y de vida. Que no está decidido de ante mano. Y el ejemplo que los jóvenes estáis dando es claro: juntos y unidos, los trabajadores, la juventud, podemos derrotar a este Gobierno”.


COMUNICADO OFICIAL UCM

Ante la jornada del 9 de marzo, los rectores de las Universidades Públicas de Madrid, queremos hacer un llamamiento al desarrollo de la misma dentro de los cauces democráticos, que suponen el escrupuloso respeto a la libertad individual para ejercer, o no, el derecho a la huelga. Así mismo, queremos manifestar, que compartimos el objetivo de conseguir una enseñanza pública de calidad en nuestro país, para lo que es imprescindible revertir los recortes que han sufrido las partidas destinadas a la educación en los últimos años y que han causado su creciente deterioro. Sin pretender olvidar los aspectos, muy importantes, del ámbito no universitario, queremos señalar, como ya hemos hecho en reiteradas ocasiones, que la financiación pública de las Universidades ha descendido en más de 1.200 millones de euros entre los años 2010 y 2015, al tiempo que las tasas académicas se veían incrementadas muy sustancialmente. Este aumento dificulta el acceso a la educación, que es uno de los derechos fundamentales y la mejor garantía contra la desigualdad, en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. Por otra parte, como consecuencia de la política habida de limitación de la tasa de reposición, el profesorado en las universidades españolas ha disminuido en más de 6.000 personas que no han podido ser reemplazadas por cohortes más jóvenes, impelidas a abandonar la carrera académica o a continuarla en otros países, provocando un notable envejecimiento de las plantillas y una importante laguna generacional. No menos importante ha sido el descenso de efectivos entre el Personal de Administración y Servicios, también sometido a las tasas de reposición, que es vital para el correcto desarrollo de las labores universitarias. Es imprescindible corregir, con urgencia, esta situación. Así mismo, reiteramos nuestra petición a todas las fuerzas políticas, y muy en particular a quienes tienen la responsabilidad de Gobierno, para que den los pasos necesarios a fin de alcanzar un gran pacto social por la educación en todos sus niveles, que la blinde frente a vaivenes políticos y la dote de la estabilidad presupuestaria y reglamentaria necesaria para desarrollar su función a medio y largo plazo.


Guerra de cifras, Manifestación en Neptuno 

PABLO FRITSCHI 

El 65% del personal académico y el 85% de los estudiantes, según los sindicatos convocantes, han secundado la huelga.

Estudiantes, profesores, personal de centros docentes y sindicalistas han recorrido unidos desde  la estación de Atocha hasta el Ministerio de Educación para reclamar medidas contra los recortes, la falta de financiación y las tasas. Esta manifestación da fin a una jornada de huelga que ha trascurrido con normalidad y sin incidentes en la capital de España.

IMG_4733.jpgPablo Fritschi. Pancarta Reivindicativa de un estudiante. 

Los convocantes de la huelga y las instituciones gubernamentales dan datos de asistencia enormemente dispares. Frente a los 1000 manifestantes que ha recontado la Delegación del Gobierno, el Sindicato de Estudiantes asegura que han sido aproximadamente 100.000 los huelguistas hoy presentes en el Paseo del Prado. En lo que los dos se ponen de acuerdo es en que ambas manifestaciones, tanto la de esta mañana como la de la tarde, han sido menos numerosas que la del año anterior.

La tónica ha sido reivindicativa pero pacífica, no ha habido ningún disturbio o enfrentamiento con la policía, dejando una jornada de Huelga General de Estudiantes sin apenas conflictos. “Que no queremos pagar su deuda con sanidad y educación” o “el hijo del obrero, a la universidad” han sido las proclamas más cantadas durante la manifestación. El pretexto para la convocación de esta huelga ha sido la reivindicación sindical de haber ignorado la participación de organizaciones estudiantiles para elaborar un pacto de Estado para la Educación.

El portavoz unificado de Comisiones Obreras, Plataforma por la Educación Pública y Sindicato de Estudiantes asegura que “el gobierno del PP ya no tiene el rodillo parlamentario que le permitía gobernar a su antojo, es un gobierno fuera del marco democrático empeñado en que el legislativo debe subordinarse al poder ejecutivo”. “La Comunidad de Madrid es la más afectada por los recortes educativos, los madrileños llevamos soportando estas políticas desde hace más de 10 años, 10 años de derivar el presupuesto público, de regalar terreno de centros público a entidades privadas, creando confrontación y una enorme desigualdad entre centros”, ha sentenciado.

Durante la marcha los manifestantes han protestado por la bajada de las tasas universitarias y han reclamado el fin de los recortes en el sector, una educación pública gratuita y de calidad, el fin de la precariedad laboral en el sector educativo y sobre todo una mayor inversión pública para la educación de los jóvenes españoles. “La LOMCE crea indigencia, precariedad y abandono escolar” afirma la portavoz de la Plataforma por la Educación pública.

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